Seguramente escuchaste nombrarla en los medios de comunicación o la leíste en alguna red social. La famosa Probation es un mecanismo que busca resolver conflictos sin necesidad de llegar a un debate oral y público, aplicándose cuando una persona comete un delito menor o mediano. Desde el Ministerio Público Fiscal destacan que, en lugar de pasar por meses o años de un juicio largo y costoso que podría terminar con una pena de prisión, la ley argentina le ofrece un trato al acusado: el proceso judicial se congela a cambio de que cumpla una serie de conductas estrictas y repare el daño causado. Si la persona cumple al pie de la letra durante el tiempo fijado, que va de uno a tres años, el caso se cierra definitivamente. Lo más importante para el imputado es que la acción penal se extingue y no le quedan antecedentes penales. Este sistema tiene un doble propósito, ya que por un lado le da una segunda oportunidad a quien cometió un error leve y, por el otro, ofrece mayor celeridad en la respuesta judicial, permitiendo que los recursos del Estado se vuelquen a la investigación de los delitos más graves.
La ley penal argentina establece límites muy claros y no cualquiera puede acceder a este beneficio. Los que sí pueden aplicar son aquellos que cometieron delitos menores cuya pena máxima no supere los tres años de prisión, o delitos medianos con penas mayores si se prevé que la futura condena podría ser en suspenso, siempre y cuando el fiscal esté de acuerdo. Por el contrario, la ley prohíbe explícitamente la probation a los funcionarios públicos que cometieron el delito usando o abusando de su cargo, a los reincidentes que ya tienen condenas previas por delitos dolosos, y a quienes ya la usaron, salvo que hayan pasado ocho años desde que terminó la primera.
La probation no es un pase libre para la impunidad. Para que se conceda, el acusado debe ofrecer reparar el daño proponiendo una compensación económica a la víctima en la medida de lo posible, pagar multas si el delito las incluía, y cumplir reglas de conducta estrictas. Durante el período de prueba, el ciudadano deberá realizar tareas comunitarias gratuitas, fijar domicilio y, en muchos casos, capacitarse. Si el acusado no cumple, comete un nuevo delito o ignora las reglas del juez, la probation se revoca, el congelamiento del caso se rompe y avanza el proceso penal hacia el juicio oral.
Hace algunos años la víctima casi no tenía voz en este proceso, pero actualmente escuchar su postura en una audiencia antes de otorgar el beneficio es obligatorio. Aunque la víctima decida rechazar el dinero ofrecido, el acusado debe depositarlo igual para demostrar su buena voluntad, y si la afectada considera que la oferta es insuficiente, le queda el camino libre para iniciar un juicio civil por los daños materiales o morales. Un error común es pensar que el acusado se salva de todo. La suspensión del juicio solo frena la sanción de una condena, pero deja intactas las responsabilidades civiles y las sanciones administrativas, por lo que un profesional igualmente puede perder su matrícula o ser echado de su trabajo por parte de los organismos de control.
EBW