Una mujer de El Bolsón obtuvo un fallo a su favor luego de denunciar una transferencia no autorizada desde su cuenta vinculada a Tarjeta Naranja. La operación, por cerca de 600 mil pesos, la dejó sin fondos para pagar el resumen y derivó en intereses, reclamos de cobro y una demanda judicial que terminó con una condena para la empresa.
Una operación desconocida y sus consecuencias
El caso comenzó cuando la usuaria ingresó a la aplicación para abonar su tarjeta y descubrió que el dinero ya no estaba. En su lugar, figuraba una transferencia hacia un destinatario desconocido que nunca autorizó.
Al no poder cumplir con el pago, el saldo pendiente comenzó a generar intereses por mora que superaron los 95 mil pesos. A esto se sumaron advertencias de cobro que agravaron la situación financiera.
Frente a ese escenario, la mujer realizó una denuncia policial, se presentó en una sucursal y envió una carta documento. Sin embargo, la empresa rechazó el reclamo y mantuvo activa la deuda.
Qué determinó la Justicia
El expediente fue analizado en el juzgado Multifueros de El Bolsón, donde la jueza concluyó que la transferencia existió y que fue realizada desde una ubicación distinta a la de la clienta, lo que permitió atribuir la maniobra a terceros.
Si bien la empresa sostuvo que la operación había sido validada mediante mecanismos de seguridad, no logró demostrar su funcionamiento concreto en ese episodio. En ese punto, el fallo remarcó que no alcanza con mencionar controles generales si no se acredita su eficacia en el caso puntual.
Además, se tuvo en cuenta que la operación se registró desde una dirección IP ubicada en otra ciudad, un dato que reforzó la hipótesis de una intervención externa.
Pruebas y puntos débiles en la defensa
Durante el proceso, la empresa aportó registros internos de la aplicación, pero el contenido resultó insuficiente para reconstruir cómo se llevó a cabo la operación. También ofreció una pericia informática que finalmente no se produjo, lo que debilitó su posición.
En contrapartida, la clienta presentó documentación del movimiento cuestionado y de los reclamos posteriores, lo que permitió establecer una secuencia clara de los hechos.
El juzgado encuadró el conflicto como una relación de consumo y sostuvo que la empresa debía garantizar condiciones seguras en el uso de sus servicios digitales.
La condena y sus alcances
La sentencia ordenó a Tarjeta Naranja devolver los 580 mil pesos transferidos y pagar una suma equivalente en concepto de daño moral. También dispuso la eliminación de los intereses generados por la falta de pago del resumen.
A su vez, se estableció que la empresa no podrá iniciar acciones de cobro por esa deuda ni incluir a la usuaria en registros de morosos.
El fallo también hizo foco en la respuesta posterior al hecho. Señaló la falta de soluciones frente al reclamo y el impacto que tuvo la situación, que incluyó gestiones, pérdida de tiempo e incertidumbre sobre el destino del dinero.
O.P.