Hay una empleada del Poder Judicial de Neuquén que dejó de amamantar a su bebé por los reproches diarios de su jefa. Hay otra que salía llorando al baño después de ser insultada frente a sus compañeras. Abogadas que fueron humilladas delante de sus propios clientes. Y decenas de trabajadores que pedían traslados urgentes con una sola explicación: “No aguanto más estar acá”.
Todos trabajaban bajo las órdenes de la jueza Andrea Di Prinzio, titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, con sede en Junín de los Andes. Y todos, tarde o temprano, terminaron declarando ante la justicia.
Ahora, después de más de un año de denuncias, sumarios y expedientes acumulados, el destino de la magistrada se define en las próximas horas. La Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento, integrada por Soledad Gennari, el diputado Ernesto Novoa, Manuel Fuertes (es el secretario) y Cristina Maset, habría dictaminado la inadmisibilidad del juicio político.
Aunque es el pleno del Jurado de Enjuiciamiento quien tiene la última palabra, la decisión ya estaría tomada. "La decisión es definitiva. La comisión se basará en la ley 1565 artículo 18 inciso 1, que establece que la Comisión Especial procederá a archivar las actuaciones si la denuncia fuere infundada o inadmisible", indicaron fuentes consultadas.
La historia viene desde hace tiempo. El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) comenzó a registrar situaciones de violencia en el juzgado, pero las víctimas no se animaban a denunciar. El miedo era muy grande porque la jueza manejaba mucho poder.
Ese poder, según los testimonios reunidos en la investigación sumaria del Ministerio Público Fiscal, rompía la barrera de lo institucional, en la escala de jerarquías respetables en el Poder Judicial. Era también simbólico y amenazante. En entrevistas personales y a solas con quienes trabajaban bajo su mando, Di Prinzio les decía: “Soy así, si no les gusta mi forma se van”.
Y agregaba que tenía respaldo del Tribunal Superior de Justicia, del Colegio de Abogados de Neuquén y del gobierno provincial y que sería la primera en enterarse de cualquier denuncia. También les advertía que era "amiga de la auditoría", el mismo organismo que hoy la investiga.
Con ese telón de fondo, los años pasaron. Los pedidos de traslado se multiplicaban como así también las licencias psicológicas. Tampoco nadie hablaba fuerte del tema, no hacían olas. Pero ese cerco donde nadie podía decir nada (como sucede en muchos ámbitos laborales) cambió de repente en julio de 2025.
Di Prinzio maltrató a una secretaria a través de gritos que se escuchaban hasta el pasillo durante toda la jornada laboral, hasta que sus compañeras intercedieron y le exigieron que cesara.
Ese episodio desencadenó una asamblea en el Juzgado de Familia el 22 de julio, con participación de la conducción del Sejun, que tuvo repercusión pública en toda la Cuarta Circunscripción Judicial. Se pegaron afiches y el caso salió a la luz. Usuarios del servicio de justicia, y abogados particulares empezaron a contactarse con el sindicato para reportar sus propias experiencias de maltrato.
Poco después, Di Prinzio fue enviada a licencia psicológica. Y fue entonces cuando las compuertas informativas se abrieron del todo. Al ver que la jueza no estaba en el lugar de trabajo, quienes habían callado por años se animaron por fin a hablar.
El 8 de agosto de 2025, Sejun presentó la denuncia formal ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Se abrió un sumario administrativo y la Auditoría General comenzó a tomar testimonios videofilmados.
El resultado fue sistematizado por el Ministerio Público Fiscal en un dictamen que describe, con nombres y detalles, lo que ocurría puertas adentro del juzgado.
Más de 20 personas, empleados administrativos, funcionarios, profesionales del equipo interdisciplinario, abogados de la matrícula y usuarios, aportaron su testimonio sobre situaciones de violencia que se extendieron durante 15 años.
Según el dictamen fiscal, Di Prinzio gestionaba el juzgado como si fuera su propio estudio jurídico. Asignaba al personal tareas ajenas a la función judicial, manejaba los recursos de manera discrecional y ejercía un liderazgo “autoritario, hostil y despectivo”.
Además, brindaba trato preferencial a determinados profesionales del Fuero de Familia, demorando deliberadamente los expedientes de quienes no consideraba parte de su círculo.
Los testimonios registran un vocabulario de degradación sostenida. Varios declarantes coincidieron en que la jueza se refería al personal del juzgado como “hormigas” y “esclavas”.
A una funcionaria que pidió traslado a otra dependencia la llamaba “traidora”, “vaga” y “desagradecida”. A una colega que trabajaba con la puerta cerrada la apodaba “cucaracha” porque no salía del despacho. Al revisar una resolución de una de las operadoras, fue escuchada decir en voz alta: “Esta es una pelotuda, ¿cómo va a hacer esto?”
Las humillaciones también tomaban formas más íntimas y degradantes. A una empleada le señaló que estaba vestida “muy informal” para el trabajo. A otra le reprochó el color de su piel, diciéndole que “no daba venir así al juzgado, tan blanca, mirá si venía alguien de la Cámara”.
Pero el episodio que más impacto generó en el expediente es el de una funcionaria que declaró con evidente angustia que Di Prinzio la cuestionaba reiteradamente por sacarse leche durante su período de lactancia. Las críticas fueron tan persistentes y humillantes que la llevaron a dejar de amamantar a su bebé.
El dictamen fiscal concluye que el personal del juzgado, de la Oficina de Violencia y del equipo interdisciplinario asistía a trabajar con temor ante las posibles reacciones de Di Prinzio. Ese miedo se traducía en malestar crónico, angustia permanente y, en varios casos, ataques de pánico.