La investigación sobre las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma nuevos elementos a partir de informes técnicos que detectaron presuntos sobreprecios, irregularidades administrativas y productos que no habrían sido entregados. El expediente tiene como uno de sus principales involucrados al exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, y sus derivaciones políticas alcanzan al Gobierno de Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.
¿Qué se está investigando?
La Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo del Estado que interviene en distintas políticas y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Entre otras funciones, gestiona la provisión de elementos de apoyo, prótesis, sillas de ruedas, implantes y otros insumos necesarios para tratamientos y rehabilitación.
La investigación judicial busca determinar si dentro del organismo existieron maniobras destinadas a pagar determinados productos a precios superiores a los de mercado, si hubo irregularidades en las contrataciones y si algunos proveedores fueron beneficiados.
Los informes analizados por la Justicia fueron elaborados durante la intervención de Alejandro Vilches y compararon facturas de la ANDIS con precios de referencia y compras realizadas por otros organismos públicos, principalmente el PAMI.
Uno de los casos más llamativos corresponde a un andador. El informe detectó una diferencia del 4239% entre el valor considerado como referencia y el monto que aparecía en la documentación de la operación.
El caso tiene además otra particularidad: según explicó la Ortopedia Bernat, se había contemplado originalmente un equipamiento más sofisticado, pero finalmente se entregó un producto más sencillo. Sin embargo, de acuerdo con lo incorporado a la investigación, el circuito administrativo habría continuado como si se hubiera entregado el producto originalmente adjudicado.
Otro de los ejemplos señalados involucra a la empresa Indecomm. Según uno de los informes, una factura por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades. Es decir, el mismo documento aparece asociado a dos pagos por el mismo monto.
Los números que llamaron la atención
Los investigadores también compararon los precios pagados por la ANDIS con adquisiciones realizadas por el PAMI.
Por ejemplo, en julio de 2025, la ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. En marzo de ese mismo año, el PAMI había adjudicado el mismo sistema por $124,2 millones.
En otra operación relacionada con Farma Salud, la diferencia entre el precio facturado a la ANDIS y una compra realizada por el PAMI llegó al 711%.
Los casos no se limitaron a un único producto. Los informes analizaron compras de prótesis, implantes cocleares, válvulas cardíacas y pulmonares, sillas de ruedas, neuroestimuladores e insumos ortopédicos.
En el caso de los implantes cocleares, el informe indicó que la ANDIS había abonado un promedio de US$62.613 por unidad. Como comparación, se mencionó una adjudicación posterior de US$12.125 y una referencia de mercado cercana a los US$16.975.
También se detectó una diferencia del 219% en una compra de neuroestimuladores al comparar el precio abonado por la ANDIS con una adquisición realizada por el PAMI.
Cuando se habla de un “sobreprecio”, no significa automáticamente que ese porcentaje represente dinero robado. Los investigadores están comparando valores para determinar por qué existieron diferencias tan grandes y si estuvieron justificadas.
La Justicia deberá establecer si esas diferencias fueron producto de errores, decisiones administrativas, condiciones particulares de cada compra o si formaron parte de maniobras ilegales.
Spagnuolo, Milei y el impacto político
Diego Spagnuolo estaba al frente de la ANDIS durante parte del período en el que se realizaron las operaciones investigadas.
El funcionario quedó involucrado judicialmente luego de que se conocieran audios atribuidos a él que dieron origen al denominado “caso ANDIS”. A partir de allí, la investigación comenzó a avanzar sobre las contrataciones del organismo y sobre los vínculos entre funcionarios, proveedores y empresas.
Los informes de Alejandro Vilches fueron enviados posteriormente a la Justicia y aportaron información sobre distintas compras realizadas durante ese período.
El caso también generó consecuencias políticas para el Gobierno de Javier Milei y alcanzó a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Las referencias a la estructura política y al funcionamiento de la agencia forman parte del contexto de una investigación mucho más amplia. Sin embargo, la existencia de irregularidades en determinadas compras no demuestra por sí sola que Karina Milei haya participado de esas operaciones. Ese vínculo deberá ser determinado por la investigación judicial a partir de pruebas concretas.
Una investigación que sigue abierta
Entre los elementos incorporados al expediente también aparecen posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y relaciones entre empresas proveedoras que podrían haber limitado la competencia.
Uno de los informes detectó expedientes que comenzaban directamente con facturas presentadas al cobro, sin constancias previas de licitación, compulsa o contratación directa.
La Justicia deberá establecer si se trató de errores administrativos, incumplimientos de los procedimientos o parte de un mecanismo deliberado para beneficiar a determinados proveedores.
Por ahora, los números forman parte de los elementos centrales de la investigación: un andador con una diferencia del 4239%, compras de insumos con valores muy superiores a los registrados por el PAMI, una factura de $28,7 millones que aparece abonada dos veces y una prótesis que, según los informes, figuraba como entregada aunque el paciente no la habría recibido.
Todo deberá ser explicado dentro de una causa que busca determinar qué ocurrió con los fondos destinados a atender las necesidades de personas con discapacidad.
MA