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22 de Septiembre de 2026
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La Justicia electoral intimó a Despierta Chubut a justificar más de $60 millones en gastos de campaña

El Juzgado Federal otorgó 20 días al espacio político para justificar omisiones en pauta digital, gastos publicitarios sin detallar y la falta de comprobantes en su rendición de campaña. 

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La rendición de cuentas presentada por la alianza Despierta Chubut correspondiente a las elecciones legislativas nacionales de 2025 no recibió el aval del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral. Tras el análisis técnico del expediente tramitado ante el Juzgado Federal de Rawson N° 1, las autoridades judiciales concluyeron que el dictamen no permite aconsejar la aprobación del Informe Final hasta que el espacio político logre subsanar diversas irregularidades contables y operativas.

 

Frente a este escenario, el juzgado conducido por Hugo Sastre formalizó el traslado de las objeciones al apoderado legal del espacio, Mariano Martínez, otorgando un plazo legal de 20 días para que la agrupación presente la documentación faltante y brinde explicaciones detalladas respecto de los números presentados.

 

El informe oficial consigna que la agrupación declaró un desembolso total superior a los 192 millones de pesos, divididos entre gastos de operatividad diaria y erogaciones destinadas a propaganda publicitaria. Sin embargo, el organismo fiscalizador identificó marcadas diferencias entre los montos declarados y los registros de inversión en plataformas digitales como Google y Meta. A partir de los relevamientos cruzados, las estimaciones sugieren omisiones publicitarias que superan los 61 millones de pesos en diversos motores de búsqueda y redes sociales.

 

A su vez, las inconsistencias abarcan la falta de precisiones sobre la contratación de cartelería en la vía pública por un valor superior a 65 millones de pesos, donde no se adjuntaron detalles de ubicación ni períodos de exhibición. Del mismo modo, el informe técnico señala inconvenientes en el seguimiento bancario de los fondos depositados, falta de comprobantes respaldatorios en servicios de logística y alquileres, y una notoria ausencia de declaraciones juradas en la plataforma oficial de financiamiento respecto de los aportantes privados que acompañaron al espacio.

 

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