El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas para responder los cuestionamientos del fiscal federal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio. La defensa sostuvo que buena parte de los fondos cuestionados proviene de operaciones con Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública.
El documento responde a 20 puntos planteados por el fiscal en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Entre las cuestiones analizadas aparecen diferencias patrimoniales, dinero en efectivo, operaciones con criptomonedas y la compra y remodelación de distintos inmuebles.
La explicación detrás de los casi USD 600 mil
Según la presentación de su abogado, Matías Ledesma, Adorni habría acumulado capital mediante la compra y posterior venta de Bitcoin entre 2014 y 2018, varios años antes de ingresar al Estado.
La defensa sostiene que las operaciones involucraron ocho billeteras virtuales y que de esas inversiones surgieron USD 591.544,61. También afirmó que las billeteras actualmente se encuentran sin saldo y que las claves privadas fueron utilizadas como elemento para acreditar su vinculación con esos activos.
El escrito sostiene además que las operaciones se realizaron mediante encuentros personales y pagos en efectivo, sin intervención del sistema bancario. La explicación apunta a establecer que los fondos constituían un patrimonio previo al período en el que Adorni ejerció cargos públicos.
La investigación había detectado una diferencia de más de $43 millones y un flujo superior a USD 400.000 que, según el fiscal, no tenía un correlato directo con los ingresos declarados por el grupo familiar. La defensa, en cambio, sostiene que las diferencias pueden ser explicadas mediante la documentación presentada.
Qué dijo sobre las propiedades y el dinero gastado
Otro de los puntos abordados fue el destino de esos ahorros. La defensa explicó que parte del dinero fue utilizado después de la llegada de Adorni a la función pública para afrontar gastos, adquirir propiedades y realizar refacciones.
Sobre la vivienda del country Indio Cuá, sostuvo que el lote tuvo un valor de USD 120.000 y que la operación se financió principalmente mediante un crédito con garantía hipotecaria, mientras que los USD 20.000 restantes fueron abonados en efectivo.
También rechazó el monto de USD 245.000 señalado por el contratista Matías Tabar como costo de las obras en la propiedad. Según la defensa, las remodelaciones demandaron USD 175.000.
El escrito también se refirió a la adquisición de otro departamento, cuyo pago se realizó en dólares en efectivo, y sostuvo que esos fondos provenían de los ahorros que Adorni había acumulado previamente.
La defensa también justificó las rectificaciones realizadas en las declaraciones juradas y sostuvo que las modificaciones no tuvieron como objetivo ocultar patrimonio, sino corregir la información declarada.
Ahora, el fiscal Pollicita deberá analizar la documentación presentada y determinar si las explicaciones permiten despejar los puntos que habían quedado bajo análisis. Si considera que las dudas persisten, la causa podría avanzar con nuevas medidas y eventualmente con un pedido de declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo.
AMD