Un terreno en disputa en Mallín Ahogado quedó bajo una medida judicial que prohíbe realizar obras, ampliar construcciones, modificar cercos o introducir cambios que alteren la situación actual del predio. La decisión fue adoptada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón en el marco de una causa vinculada a la mensura, deslinde, amojonamiento y subdivisión de un inmueble relacionado con una sucesión.
La resolución tiene como objetivo evitar que el conflicto avance mientras la Justicia analiza quiénes tienen derechos sobre distintos sectores de la parcela y cuál es la delimitación definitiva del terreno.
Conflicto que involucra límites y ocupaciones
La causa se originó a partir de un planteo realizado por una heredera reconocida dentro del proceso sucesorio. A través de la Defensa Pública, la mujer denunció situaciones que, según sostuvo, afectaban la posesión que ejerce sobre una parte del inmueble.
Entre los hechos expuestos ante la Justicia se mencionaron movimientos de alambrados, acumulación de restos de poda, presencia de animales de granja y la ocupación progresiva de distintos espacios del predio.
También fueron señaladas situaciones de convivencia conflictiva y desacuerdos vinculados con el uso de la tierra, en un escenario donde todavía no existe una definición final sobre los límites y derechos que corresponden a cada una de las partes involucradas.
Qué prohíbe la resolución judicial
La medida alcanza a las personas identificadas en el expediente como ocupantes del inmueble.
A partir de la orden judicial, no podrán colocar ni retirar alambrados, solicitar conexiones de servicios, iniciar construcciones ni ampliar las existentes. Tampoco podrán realizar intervenciones que modifiquen el estado actual del terreno.
La prohibición incluye además el depósito de restos de poda en accesos o sectores en conflicto y la circulación o permanencia de animales de granja cuando ello implique ocupar espacios ajenos o provocar nuevas controversias entre las partes.
Según surge de la resolución, cualquier acción que pueda interpretarse como una intromisión sobre sectores reclamados por otra persona deberá cesar mientras continúe vigente la medida cautelar.
Importancia del relevamiento realizado en el lugar
Para adoptar la decisión, la jueza consideró un mandamiento de constatación efectuado en el predio. Ese relevamiento permitió identificar a distintas personas instaladas en la parcela y conocer el estado actual del inmueble.
El informe fue uno de los elementos valorados por el juzgado para determinar que existía la posibilidad de que el conflicto se profundizara si no se adoptaban medidas preventivas.
La magistrada entendió que permitir nuevas construcciones, cambios de cercos o ampliaciones de ocupaciones podría dificultar la futura resolución judicial y generar situaciones más complejas de revertir.
Decisión preventiva mientras avanza la causa
La resolución no determina quién es propietario del terreno ni reconoce derechos definitivos sobre ninguna de las partes involucradas. Tampoco ordena desalojos ni resuelve el fondo de la disputa.
Su alcance es estrictamente preventivo y apunta a mantener el estado actual del inmueble hasta que la Justicia pueda establecer cómo debe dividirse la tierra y cuáles son los límites que corresponden a cada sector.
Mientras continúe vigente la medida, el terreno deberá permanecer sin nuevas obras, sin ampliaciones y sin intervenciones que modifiquen la situación existente. La disposición regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva o hasta que el juzgado decida dejarla sin efecto.
O.P.