Golfo Nuevo: la justicia ordena reabrir el caso por contaminación industrial contra Conarpesa
En una resolución unánime, el máximo órgano judicial de la provincia revocó la absolución dictada anteriormente por la jueza Patricia Reyes en la causa por contaminación ambiental que involucra a la firma Conarpesa. Tras el planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó la realización de un nuevo juicio oral para analizar, bajo una nueva óptica, el impacto de los residuos vertidos en el Golfo Nuevo.
La investigación, encabezada por el fiscal Alex Williams, se originó a partir del hallazgo de un sistema de cañerías clandestino que permitía volcar líquidos industriales directamente al mar sin pasar por ningún proceso de tratamiento. Durante el debate inicial, la Fiscalía sostuvo que tanto Nadine Parry —responsable ambiental de la empresa— como Josep Vargas —encargado de la planta de tratamiento— fueron los responsables de permitir estas descargas durante febrero de 2023.
El argumento central de la acusación se basa en la contundencia de los análisis de laboratorio realizados sobre las muestras de agua tomadas en el área del vertido. Mientras que la legislación ambiental vigente establece un límite máximo de 50 mg por litro de materia orgánica, los estudios técnicos realizados en el lugar arrojaron valores que superaban los 1.500 mg por litro, lo que demuestra una transgresión flagrante de las normas ambientales.
Al impugnar el fallo absolutorio, los fiscales argumentaron que la sentencia de primera instancia presentaba "insuficiente fundamentación" y una "errónea aplicación de la ley penal". Según el Ministerio Público, las contradicciones en el fallo original afectaban su validez jurídica, un punto que fue avalado por el Superior Tribunal de Justicia al ordenar la apertura de un nuevo proceso.
Con esta decisión, la causa vuelve a foja cero: se deberá conformar un nuevo tribunal que analice nuevamente la responsabilidad de los acusados en el daño ambiental provocado al ecosistema marino, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los recursos naturales de la provincia.