La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada por un tribunal de Irán a recibir 74 latigazos, además de una inhabilitación de dos años para realizar actividades artísticas y una prohibición similar para abandonar el país, tras publicar en YouTube un concierto en el que aparecía sin velo. La sentencia también alcanzó a ocho integrantes de su equipo de producción y a los músicos que participaron de la grabación.
El fallo fue emitido por el Tribunal Penal de Qom, que consideró que la artista atentó contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos considerados obscenos y contrarios a la ética en el ámbito virtual, según informó la propia Ahmadi a través de su cuenta de Instagram.
El 11 de diciembre de 2024, la cantante publicó en su canal de YouTube una grabación de 27 minutos titulada “Un concierto imaginario”. El material fue filmado en un histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom.
En el video, Ahmadi aparece vistiendo un vestido negro de tirantes, con el cabello descubierto y acompañada por cuatro músicos. La elección del nombre de la producción aludía a las severas restricciones que enfrentan las mujeres artistas en Irán.
La legislación islámica vigente en el país prohíbe que las mujeres canten en solitario frente a audiencias mixtas, limita la grabación y difusión de sus interpretaciones y restringe las actuaciones registradas en video. Las artistas solo pueden ofrecer conciertos destinados exclusivamente a mujeres y sin registros fotográficos o audiovisuales.
El video alcanzó cerca de tres millones de visualizaciones y generó una rápida reacción de las autoridades. Menos de 24 horas después de su publicación, la Justicia iraní anunció una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por realizar el concierto sin autorización oficial y sin respetar las normas legales y religiosas.
A finales de diciembre de 2024, la Fiscalía de Teherán imputó formalmente a Ahmadi. Tras ser detenida, fue liberada bajo fianza junto con los demás acusados, de acuerdo con información difundida por la organización de derechos humanos HRANA (Human Rights Activists News Agency).
Los cargos incluyeron “ofensa a la moral pública” y la producción, distribución y publicación de contenido considerado “vulgar” e “inmoral” por las autoridades.
La sentencia dictada ahora pone fin a un proceso que se convirtió en uno de los casos más emblemáticos sobre las restricciones impuestas a las mujeres artistas en la República Islámica.