El caso, que conmocionó a la fuerza policial y a la comunidad local, tuvo su resolución definitiva en la instancia de apelación. La Cámara en lo Penal de Esquel confirmó la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas contra el Oficial Subinspector Juan Emilio Llaipén, hallado culpable del delito de extorsión. De esta manera, el tribunal desestimó los planteos de la defensa y ratificó la sentencia original dictada por un Tribunal Mixto en octubre pasado.
El hecho: intimidación tras las rejas
La investigación, llevada adelante por la Fiscalía, permitió reconstruir los graves hechos ocurridos el 30 de mayo de 2024 en la Comisaría Distrito Primera de Esquel. Según quedó probado, Llaipén ingresó al sector de calabozos donde se encontraba Nicolás Maximiliano Esteban, quien cumplía prisión preventiva.
Aprovechando su posición de poder y la vulnerabilidad de la víctima, el uniformado la intimidó verbalmente y exhibió su arma reglamentaria para forzar la firma de un formulario “08” de transferencia de una camioneta Toyota Hilux, en favor de un tercero identificado como Luciano Miguel. "Te doy dos opciones: o firmás o firmás. Si no lo firmás, te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1", fue la amenaza directa que quedó registrada en el expediente.
Pruebas contundentes: del video a los chats
Al tratarse de un delito cometido en un contexto de encierro, el tribunal aplicó el estándar de "casos difíciles", otorgando valor central al testimonio de la víctima, el cual se vio respaldado por pruebas irrefutables:
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Registros fílmicos: Las cámaras de seguridad de la comisaría captaron el momento exacto en que Llaipén exhibió el arma al detenido.
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Comunicaciones clave: Se incorporaron chats donde el oficial y el beneficiario del vehículo, Luciano Miguel, coordinaban la maniobra y celebraban la obtención de la firma. En los mensajes, Llaipén llegó a sugerir que se amenazara a los padres de la víctima para asegurar su cooperación.
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Retribución económica: Se comprobó una transferencia de $500.000 de Miguel hacia la cuenta de Mercado Pago del oficial, como pago por su accionar delictivo.
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Testimonio profesional: La escribana interviniente declaró que fue el propio Llaipén quien le impidió hablar con el detenido, quien además mostraba una evidente falta de comprensión sobre el acto que estaba realizando.
Un mensaje institucional
La Cámara en lo Penal fue contundente en sus fundamentos: el dolo de Llaipén quedó evidenciado en su actuar clandestino y su claro fin de lucro. El tribunal subrayó que la pena de seis años es proporcional, considerando la severa agravante de que el autor era un funcionario público cuya misión era garantizar la seguridad de los ciudadanos, no vulnerar sus derechos desde la clandestinidad.
M.G