La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido ante la Justicia federal para que se ordene la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La solicitud se basa en un supuesto intento de interferir en la investigación judicial.
Según la presentación, Pagano argumentó que existe un “riesgo procesal grave” de entorpecimiento de la causa, luego de que un testigo clave declarara que habría sido contactado antes de prestar testimonio. Se trata del contratista Matías Tabar, quien intervino en refacciones de una vivienda vinculada al funcionario.
De acuerdo con la denuncia, Adorni habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su equipo al testigo, además de que se habrían eliminado mensajes de WhatsApp relacionados con ese intercambio. Para la legisladora, estos hechos configuran una posible maniobra para influir en la investigación.
El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo y se apoya en la denominada doctrina “Irurzun”, un criterio que permite dictar prisión preventiva cuando existen indicios de que una persona con poder podría obstaculizar una causa judicial. Pagano sostuvo que la situación se agrava porque Adorni se encuentra en ejercicio de un cargo de alta relevancia dentro del Poder Ejecutivo.
Como alternativa a la detención, la diputada planteó medidas restrictivas como la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte, una caución económica y la preservación de las comunicaciones. También solicitó ampliar la imputación y avanzar con nuevas pruebas, entre ellas el peritaje del celular del testigo.
En paralelo, la causa tomó impulso tras la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista aseguró que los trabajos de remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá se pagaron en efectivo y sin facturación formal.
Según su testimonio, la obra —que incluyó una refacción integral de una casa de aproximadamente 400 metros cuadrados— habría costado unos 245.000 dólares, abonados en distintos pagos en efectivo. El primero, indicó, fue de 35.000 dólares, y el resto se completó en la misma modalidad, sin recibos ni documentación respaldatoria.
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia de la propia Pagano, que apunta a un presunto incremento patrimonial no justificado por parte de Adorni. Entre los puntos bajo análisis figuran inconsistencias en sus declaraciones juradas, la posible existencia de bienes no declarados y un crecimiento significativo de su patrimonio en un corto período.
Ahora será el juez interviniente quien deberá evaluar el pedido de detención y definir los próximos pasos en una causa que ya genera fuerte repercusión política.
R.G.