A un mes del asesinato de Ángel, el caso que conmovió al país, la causa suma avances judiciales, pero también un fuerte cuestionamiento al funcionamiento del sistema de protección de la niñez. En ese contexto, el abogado querellante Roberto Castillo (foto de abajo) confirmó que este martes se realizará una marcha en Comodoro Rivadavia para recordar al niño y exigir justicia. La cita será en la plaza de la escuela 83.
“Los padres de Ángel y los allegados van a hacer una marcha en memoria, para recordarlo”, señaló, al tiempo que remarcó que la investigación tuvo progresos significativos. “Hay muchísimos avances. La fiscalía está trabajando de una manera muy comprometida y nosotros estamos aportando nuestra mirada respecto a la acusación”, indicó.
Uno de los puntos centrales del planteo de la querella es la modificación de la figura jurídica. Mientras la hipótesis inicial habría sido la de “acción por omisión”, Castillo fue contundente al sostener una acusación mucho más grave.
“Nosotros sostenemos que ella lo asesinó. No es que simplemente no intercedió para protegerlo, sino que le propinaba golpes”, afirmó, en referencia a Mariela Altamirano.
Según explicó, existen “elementos de convicción y muchísima prueba” que demostrarían un patrón de violencia sostenida. “Es una persona altamente agresiva con los chicos”, agregó, al tiempo que recordó antecedentes en otras jurisdicciones: “La justicia de Misiones le quitó el cuidado personal de su hijo, y por eso hoy ese chico está vivo”.
En contraste, cuestionó el accionar local: “La justicia de Comodoro Rivadavia no hizo lo mismo y hoy tenemos que lamentar la muerte de un nene de cuatro años”.
El caso también abrió un frente contra funcionarios judiciales. Castillo confirmó que la querella avanzará con una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez interviniente y la defensora, y además presentará denuncias penales contra profesionales del área psicológica.
“Hay una de esas psicólogas que incurre en falsedad ideológica. Firmaban documentos que no se condecían con la realidad”, aseguró. También habló de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Para el abogado, lo ocurrido refleja una problemática estructural: “Hay una justicia para personas con más recursos y otra para personas vulnerables, que no son escuchadas en los juzgados de familia”. En su análisis, Castillo apuntó a la forma en que se evalúan los testimonios de los menores dentro del sistema judicial.
“No es lo mismo hablar que escuchar. La convención de los derechos del niño habla de una escucha activa”, explicó. Y cuestionó decisiones tomadas sin profundidad: “En tres minutos le preguntan con quién quiere vivir, pero no entienden quién es ‘mamá’ para ese niño”.
Según relató, Ángel había sido criado por otra figura materna de referencia, lo que —a su entender— no fue debidamente interpretado al momento de resolver su situación.
Otro eje clave son los antecedentes que, según la querella, fueron ignorados. Castillo reveló que en 2023 el padre del niño había denunciado agresiones.
“Se presentó y dijo: ‘La madre de mi hijo le pegó una piña en la boca y lo dejó sangrando. Tengo miedo de que lo mate’”, recordó.
A pesar de esa advertencia, el niño fue posteriormente trasladado a otro entorno. “Lo desarraigaron de su familia, de su jardín, de sus afectos, y lo llevaron a un lugar donde nadie supervisó en qué condiciones vivía”, cuestionó.
Castillo también mencionó la existencia de registros audiovisuales aportados por el padre, en los que se evidenciarían respuestas de funcionarios ante denuncias de maltrato.
“Hay videos donde él plantea la situación y le responden que grabar es violencia de género. Ahí vemos un sesgo y una interferencia de la política en los juzgados”, sostuvo.
En paralelo, destacó testimonios de personas cercanas a la imputada. Uno de ellos, una ex pareja, habría relatado episodios de violencia hacia otro hijo.
“Lo dominaba con la mirada, infundía temor. Y mostró fotos de cómo lo dejaba. Es muy grave”, afirmó. Para el abogado, esto refuerza la necesidad de pericias psicológicas: “No es un hecho aislado. Hay un patrón de conducta violenta que terminó con la vida de Ángel”. Finalmente, Castillo consideró que el caso trasciende lo individual y expone fallas estructurales.
“El problema es la interferencia de la política en la justicia. Cuando los cargos están acomodados políticamente, el espíritu de la justicia se contamina”, señaló.
Y concluyó: “Tenemos muchísimos conflictos y pocos recursos humanos, pero cada caso debe analizarse en particular. Acá hubo señales claras que no se atendieron”.