En un nuevo capítulo del conflicto abierto entre el sector de la pesca chubutense y el nuevo marco regulatorio que logró establecer el oficialismo provincial, la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (Cafach) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la denominada “Ficha Limpia”, que se incluyó en la Ley Provincial de Pesca y que fue recientemente aprobada por la Legislatura.
El encargado de detallar los alcances de la medida fue el doctor Diego Martínez Zapata, apoderado de la entidad empresarial, quien explicó que la presentación fue formalizada ante el Superior Tribunal de Justicia el lunes y apunta contra “casi la totalidad de los artículos” de la norma.
“Formalizamos la acción de inconstitucionalidad ahora aguardando el inicio del trámite judicial”, indicó el letrado, al tiempo que aclaró que la decisión fue adoptada por unanimidad por los socios de CAFACh.
La estrategia judicial no incluyó, por el momento, una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley, aunque no se descarta que se avance en ese sentido si se registran casos concretos que afecten a empresas del sector. El eje central del planteo judicial radica en lo que el sector considera “el principal vicio de inconstitucionalidad” de la norma: su posible aplicación retroactiva.
“La falta de aclaración de que la norma es irretroactiva genera una incertidumbre jurídica de magnitudes y vulnera derechos adquiridos”, sostuvo Martínez Zapata, en referencia a los permisos de pesca ya otorgados por plazos de entre 10 y 15 años.
En esa línea, advirtió que un cambio en las reglas de juego podría afectar inversiones, contratos y la continuidad de la actividad. “Puede amenazar la vigencia del permiso de pesca, que es la herramienta vital para trabajar y generar ingresos”, remarcó.
Otro de los puntos cuestionados es que la ley introduce criterios ajenos a la actividad productiva. “Se estigmatiza a un sector productivo con un estándar propio de la actividad política”, afirmó, al tiempo que señaló que también se verían afectados principios como la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las sanciones. Aunque la normativa ya está vigente, desde la CAFACh advierten que su aplicación podría generar consecuencias directas en la actividad pesquera.
“Hoy los permisionarios pueden seguir trabajando, pero existe un riesgo latente de suspensión o caducidad de permisos”, explicó el abogado, quien vinculó esta situación con posibles impactos en el empleo y la producción.
Además, planteó escenarios complejos derivados del esquema sancionatorio. “Se genera un círculo vicioso: si se suspende el permiso por una multa, no se puede trabajar; si no se trabaja, no se puede pagar, y eso puede terminar en la pérdida definitiva del permiso”, detalló.
Desde la Cámara señalaron que la decisión de no presentar una cautelar en esta instancia responde a una “estrategia jurídica y de buena fe institucional”, aunque reiteraron que podrían avanzar con medidas específicas en caso de que algún asociado se vea afectado. “Entendemos que la norma es inconstitucional y que no debe tener aplicación”, resumió Martínez Zapata, dejando en claro la postura del sector.