El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la reciente aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en establecimientos penitenciarios y remarcó que la medida busca poner freno al crecimiento de delitos como la sextorsión y la extorsión, que se incrementaron de manera notable desde la pandemia.
En diálogo con Radio 3, explicó que el uso de dispositivos móviles dentro de las cárceles se descontroló en ese período por la necesidad de mantener la comunicación con familiares y abogados. “A partir de la pandemia hubo un crecimiento muy importante de este tipo de hechos. Hubo que dotarlos de telefonía, pero eso derivó en una situación donde se cometen cada vez más delitos desde los lugares de encierro”, sostuvo.
El procurador advirtió que los teléfonos inteligentes representan una herramienta clave para delinquir, especialmente por su acceso a internet. “Lo que complica son los celulares de última generación. Los equipos a veces ya los tienen, lo que entran son los chips, y eso dificulta muchísimo poder identificar quién comete el delito”, detalló.
Alertó también sobre el impacto social de estos delitos, que muchas veces no se denuncian. “Hay una cifra negra muy importante porque hay mucho pudor y vergüenza. Las víctimas de sextorsión muchas veces no denuncian, y eso agrava el problema”, afirmó, al mencionar incluso casos de suicidios vinculados a estas prácticas.
En ese contexto, destacó que la ley no busca incomunicar a los detenidos, sino regular el uso de la tecnología. “No se trata de quitar derechos, sino de reglamentar, controlar y vigilar. Se van a mantener canales de comunicación, pero limitados, principalmente a la voz”, explicó.
Por último, Miquelarena señaló que la implementación será progresiva y adaptada a cada realidad. “La ley es programática y tiene un plazo de 180 días para su reglamentación. No todas las unidades son iguales, por eso habrá que buscar soluciones específicas en cada caso”, concluyó.