En el marco del Día Internacional de la Mujer, la administración de Javier Milei marcó una fuerte ruptura con la narrativa de años anteriores al cuestionar lo que define como la politización de las causas de género. El mensaje oficial se centró en señalar que las estructuras burocráticas del pasado, lejos de ofrecer soluciones reales a las mujeres, funcionaron como herramientas de militancia ideológica que no lograron reducir los índices de violencia ni mejorar la seguridad de las ciudadanas.
Desde la Casa Rosada, el discurso apuntó directamente contra la gestión de Alberto Fernández y el rol de ciertos colectivos feministas, sugiriendo que existió un silencio selectivo frente a casos de abuso ocurridos dentro de las propias estructuras de poder. En este sentido, el Gobierno propuso un cambio de paradigma que desplaza el foco del activismo tradicional para ponerlo sobre la mujer trabajadora, las integrantes de las fuerzas de seguridad y aquellas que sostienen sus hogares mediante el mérito y el esfuerzo individual.
Esta nueva postura oficial sostiene que la verdadera igualdad no se construye a través de ministerios específicos o agendas de cupos, sino mediante la libertad económica y la protección de los derechos individuales bajo el imperio de la ley. Al desestimar lo que consideran un modelo de tutela estatal, el Ejecutivo reafirma su intención de desmantelar la arquitectura institucional de género para reemplazarla por una visión donde el reconocimiento social dependa exclusivamente del talento y la capacidad de cada persona, independientemente de su pertenencia a cualquier colectivo.
E.B.W.