El ex presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) de Tierra del Fuego, denunciado por el Fiscal de Estado por presuntas maniobras de nepotismo, fue jubilado mediante una acordada del Superior Tribunal de Justicia. La medida evita que avance su permanencia en el Poder Judicial, aunque aún se desconoce el monto de su haber previsional.
El nombre de Armando Antonio Arosteguichar volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política de Tierra del Fuego. El ahora ex funcionario fue jubilado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia mediante una acordada interna, en medio de la denuncia penal por nepotismo presentada por la Fiscalía de Estado.
Arosteguichar había sido desplazado previamente de la presidencia del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) por decisión del gobernador Gustavo Melella, luego de que se hicieran públicas acusaciones por presuntas designaciones irregulares de familiares directos dentro del organismo encargado de la recaudación de apuestas.
A fines de febrero de 2026, la Fiscalía de Estado formalizó una denuncia penal en su contra por presuntas maniobras de nepotismo durante su gestión al frente del IPRA. Según trascendió, se lo acusa de haber favorecido a su cónyuge e hijos con ascensos y mejoras salariales dentro del ente autárquico.
La gravedad de las acusaciones generó cuestionamientos sobre su posterior designación dentro de la estructura del Superior Tribunal de Justicia a fines de 2025. Algunas versiones periodísticas incluso lo mencionaron erróneamente como “vocal” del tribunal, aunque en rigor ocupaba un cargo administrativo dentro del Poder Judicial.
Con la denuncia ya presentada y el tema instalado en la agenda pública, el Superior Tribunal resolvió su jubilación mediante una acordada. La decisión, interpretada por distintos sectores como una salida institucional para descomprimir la situación, evita que continúe vinculado al máximo órgano judicial de la provincia mientras pesa sobre él una investigación penal.
Hasta el momento no trascendió cuál será el monto de la remuneración jubilatoria que percibirá, un dato sensible teniendo en cuenta el régimen especial que rige para determinados cargos del Poder Judicial.
La denuncia también puso sobre la mesa la discusión sobre incompatibilidades y estándares de transparencia en el acceso a cargos públicos, particularmente cuando se trata de funcionarios señalados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales.
Mientras la causa judicial deberá avanzar en sede penal para determinar responsabilidades, el episodio vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de control interno y las salidas administrativas que encuentran algunos protagonistas del poder político e institucional.
Hay que recordar que la presentación judicial sostiene que el funcionario designó a familiares directos y allegados en cargos del organismo. Entre los casos señalados se encuentran Gustavo y Martín Barrios, hijos de su hermana, quienes accedieron a puestos dentro del IPRA.
Asimismo, la denuncia detalla que su conviviente, María Inés Amitrano, también fue incorporada al instituto, al igual que Diego Pierotti, a quien se lo habría promovido por su relación de amistad con Arosteguichar. En esa misma línea, se cuestiona el ingreso de la esposa de Pierotti, cuya designación estaría vinculada a los lazos personales con el presidente del organismo.
Fuente: Crónicas Fueguinas