En su calidad de presidente del Consejo Federal de Política Criminal, el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, formó parte de la ceremonia en la que Cecilia Goyeneche reasumió como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos. La restitución se produjo luego de una batalla judicial de más de cuatro años que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos —integrado por conjueces— ratifica la vigencia de la independencia judicial y el debido proceso.
El regreso a la Procuración Adjunta
En un acto de profunda relevancia institucional, la Dra. Cecilia Goyeneche fue reinstalada en su cargo de Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. El acto, encabezado por el Procurador General Jorge García, contó con el respaldo presencial de representantes del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, el Consejo Federal de Política Criminal y de la Asociación de Fiscales, quienes celebraron el fin de un proceso marcado por la arbitrariedad.
“Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz. Esta situación se originó en que algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían el derecho a la impunidad”, declaró Goyeneche a medios nacionales tras su asunción.
Un proceso viciado: La "caída" del Jury
La destitución de Goyeneche, ocurrida el 30 de noviembre de 2021, se produjo mientras lideraba investigaciones contra el exgobernador Sergio Urribarri y otros altos funcionarios. El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos (STJER), en sintonía con lo ordenado por la Corte Suprema de la Nación, desnudó las irregularidades estructurales del enjuiciamiento:
Falta de Imparcialidad y Conflictos de Interés
El fallo destaca que se violó la garantía constitucional del juez natural. Se señaló que varios magistrados del Jury debieron inhibirse por haber intervenido previamente en las causas que originaron la denuncia contra la fiscal.
Caso Smaldone: El tribunal calificó su parcialidad como “patente y grave”. Existía un conflicto de intereses directo, ya que el Ministerio Público Fiscal que integraba Goyeneche había acusado penalmente al hijo de Smaldone en una causa por fraude, cohecho y negociaciones incompatibles.
El "Fiscal Ad Hoc": Un órgano acusador ilegal
Uno de los puntos más críticos señalados por el STJER fue el apartamiento de todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador. En su lugar, se designó a un fiscal "a dedo" extraído de una lista de conjueces.
Sentencia: El tribunal resolvió que esta decisión fue “manifiestamente ilegítima y arbitraria”. Al ser el órgano acusador ilegal, todo el proceso nació viciado de nulidad absoluta.
El beneplácito del Consejo Federal
Desde el Consejo Federal de Procuradores y Fiscales Generales, manifestamos nuestro más firme beneplácito por la restitución de la Dra. Goyeneche. Este caso sienta un precedente fundamental: los mecanismos de control disciplinario no pueden ser utilizados como herramientas de represalia política ni para garantizar la impunidad de los investigados.
"La justicia entrerriana dio marcha atrás reconociendo que se violaron gravemente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio".
Próximos pasos en la lucha contra la corrupción
Goyeneche confirmó que retomará de inmediato la coordinación de los juicios en marcha. Su objetivo es asegurar que la condena a Sergio Urribarri quede firme y que la causa de los "Contratos de la Legislatura" llegue finalmente a juicio oral. La fiscal no descartó intervenir personalmente en las próximas audiencias, reafirmando su compromiso con la persecución penal de los delitos contra la administración pública.
La independencia del Ministerio Público Fiscal ha sido preservada, fortaleciendo el sistema republicano y enviando un mensaje claro: la investigación del poder no es motivo de remoción.