Cuando un hecho genera cuestionamientos públicos, lo esperable es que la discusión gire en torno a la conducta de los funcionarios y a la transparencia de sus actos. Desplazar la atención hacia el mensajero -quién grabó, quién filtró, quién difundió- termina diluyendo la cuestión de fondo.
Una grabación en el aeropuerto de San Fernando que involucró al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, viajando con su familia en un jet privado hacia Punta del Este, generó críticas por el costo del vuelo, la presencia de un periodista y el uso de un hangar privado para realizar los trámites al regresar. A esto se sumaron cuestionamientos por otro viaje en el que su esposa lo acompañó en el avión presidencial.
En medio de la polémica, trascendidos atribuidos a fuentes cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dejó entrever una reacción que dice mucho sobre cómo el Gobierno está procesando la crisis. Según versiones periodísticas, la funcionaria estaría decidida a priorizar encontrar a quienes grabaron o filtraron la secuencia del aeropuerto de San Fernando.
Más allá de la veracidad o no de ese trascendido, resulta llamativo el foco que instala: el centro del problema parece no ser el hecho que generó la polémica, sino quién lo dio a conocer.
Se pretende desplazar la discusión del contenido al origen de la información. La “estrategia” parece ser distraer a la opinión pública, ganar tiempo y correr el foco de la falta que originó el escándalo, trasladarla al mensajero y diluir la responsabilidad.
El foco se pone en la difusión, desplazando la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y la supuesta honestidad que deben ser un valor de cualquier proyecto de gobierno.
Este tipo de reacciones no son nuevas en la política. El debate democrático requiere exactamente lo contrario. Cuando un hecho genera cuestionamientos públicos, lo esperable es que la discusión gire en torno a la conducta de los funcionarios y a la transparencia de sus actos.
Desplazar la atención hacia el mensajero -quién grabó, quién filtró, quién difundió- (si bien puede generar otro debate), termina diluyendo la cuestión de fondo.
En definitiva, el episodio deja una pregunta abierta: ¿Qué es más grave para el poder, el hecho en sí o que la sociedad se entere?
La respuesta no está clara; depende de cómo se mire. El dilema no es solo una cuestión nacional ni un caso aislado. En última instancia, se trata de equilibrio de poder, ética y confianza ciudadana.