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Siete detenidos por la extorsión al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos

La investigación judicial confirmó que Rodrigo Gómez, el efectivo de 21 años que se suicidó mientras custodiaba la residencia presidencial, era víctima de una banda que operaba en una app de citas. 

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La Justicia logró reconstruir el dramático trasfondo detrás del suicidio de Rodrigo Gómez, el soldado del Ejército que el pasado 16 de diciembre se quitó la vida en la Quinta de Olivos. Tenía 21 años y era oriundo de Misiones y se desempeñaba en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Al momento del hecho, cumplía funciones de seguridad interna dentro del predio presidencial.. En una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, se confirmó que el joven misionero estaba sumergido en una red de extorsión digital que lo empujó a tomar la decisión fatal. La clave para desentramar la maniobra fue una carta que dejó la víctima, en la cual mencionaba una aplicación de citas y aportaba pistas que permitieron a los investigadores identificar el modus operandi de la organización criminal.

 

 

 

El esquema delictivo comenzaba en la aplicación Evermatch, donde la banda utilizaba un perfil falso bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo para captar a sus víctimas. Una vez establecido el contacto, los delincuentes activaban una puesta en escena psicológica que incluía la aparición de una supuesta madre indignada y el envío de un audio del terror. En este mensaje, acusaban al soldado de ser "un degenerado" por haber interactuado con una presunta menor de 17 años. La presión escalaba con el llamado de un falso policía de la Ciudad que exigía transferencias de dinero para frenar una causa judicial inexistente, llegando incluso a usurpar la identidad de un oficial real para darle veracidad a la amenaza.

 

 

 

En este contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni aprovechó para reforzar la postura oficial respecto al uso de tecnología en los penales, asegurando que el acceso a dispositivos móviles en las cárceles es un beneficio que se terminó. Para el funcionario, los celulares dentro de las celdas no son un derecho sino una herramienta que permite a los delincuentes seguir operando y coordinando extorsiones, por lo que ratificó la decisión de avanzar con medidas que eliminen cualquier tipo de privilegio que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

 

Tras una serie de allanamientos realizados en las últimas horas, las autoridades lograron la detención de siete personas vinculadas a esta banda. Durante la presentación de los avances del caso, en la que también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se destacó la necesidad de dar a conocer esta modalidad para prevenir que otros ciudadanos caigan en la misma trampa. La causa, que originalmente se centró en la muerte del custodio presidencial, derivó así en el desmantelamiento de una red de estafas que combinaba ingeniería social y amenazas penales falsas con consecuencias irreversibles.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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