En un nuevo paso hacia la reducción del gasto público y el reordenamiento del Estado, el Gobierno nacional oficializó la eliminación del "Premio Estímulo a la Asistencia". La quita de este plus por presentismo afecta a miles de trabajadores encuadrados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), representando una baja concreta en el poder adquisitivo de los estatales.
Alcance de la medida
La eliminación de este beneficio alcanza exclusivamente a dependencias de la Administración Central, organismos descentralizados y personal de ministerios y de la Casa Rosada. Si bien la medida no tiene un impacto legal directo sobre los empleados de provincias o municipios, el mensaje político del presidente Milei es seguido de cerca por los gobernadores, en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas subnacionales.
Para los trabajadores del SINEP, este adicional podía representar un ingreso de hasta $150.000 mensuales. Aunque el Ejecutivo argumenta que la quita busca "simplificar el esquema de liquidación y optimizar recursos", para los gremios se trata de un recorte salarial encubierto, ya que el ítem era percibido de forma regular por la gran mayoría de los agentes.
Un clima de tensión creciente
La quita del presentismo se inserta en un escenario de ajuste estructural que ya incluye el congelamiento de vacantes y la revisión de miles de contratos. Mientras la Casa Rosada mantiene su hoja de ruta de "déficit cero", en las provincias —incluyendo casos como Misiones o Chubut— el clima sindical comienza a espesarse.
El contraste es marcado: mientras Nación profundiza la contención del gasto, en los territorios crecen los reclamos por recomposiciones salariales y reapertura de paritarias para hacer frente a la inflación.
Cambio de paradigma en el empleo estatal
Desde el entorno presidencial sostienen que la medida apunta a desarticular mecanismos de gasto rígidos y redefinir los incentivos internos del sector público. Sin embargo, en un contexto donde los sueldos estatales han perdido terreno frente al costo de vida, la eliminación de un componente que ya estaba incorporado al presupuesto familiar amenaza con intensificar la conflictividad gremial en las próximas semanas.
La señal del Gobierno es inequívoca: el plan de achicamiento del Estado nacional no admite matices, incluso cuando el costo social y la tensión con las jurisdicciones del interior comiencen a ganar protagonismo en la agenda pública.