En una entrevista con Luis Majul en LN+, Javier Milei fue consultado por el aumento de la pobreza y respondió cuestionando la actualidad del dato del INDEC. “Es una foto vieja”, sostuvo el Presidente, al referirse al indicador correspondiente al primer semestre de 2026.
En ese contexto, Milei enumeró una serie de situaciones que, según su explicación, afectaron el desempeño de la economía. Mencionó “40 intentos de proyectos tratando de derrumbar el equilibrio fiscal” y “7 intentos de juicio político, que fueron 7 intentos de golpe de Estado”.
Luego introdujo una afirmación que generó repercusiones: “Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año?”.
Ante la consulta de Majul sobre quiénes eran esas personas, Milei respondió: “Son gente que se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.
El Presidente aseguró entonces que en 2025 fueron expulsadas 10.000 personas a las que calificó de “terroristas” y que durante 2026 ya serían otras 20.000. “El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000”, afirmó.
Milei vinculó además esas situaciones con movimientos financieros contra el Gobierno: “O sea, digamos que nos hayan hecho una corrida por 70.000 millones de dólares”. Y agregó: “Eso tiene consecuencias, no es gratis. No se puede creer que sea neutral. Eso derivó en un frenazo que tuvo la economía en el segundo semestre y eso después tiene un rezago”.
Las declaraciones fueron seguidas por un pedido de información presentado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.
Ferraro pidió que el Gobierno informe cuántas personas fueron efectivamente expulsadas durante 2025 y 2026, cuántas de ellas por causales vinculadas al terrorismo, cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
También solicitó que se precise qué información sustenta la caracterización de esas personas como “terroristas” y si existen registros o denuncias sobre extranjeros que hayan ingresado al país con el objetivo de “dinamitar el modelo argentino”.