Una serie de reclamos de usuarios puso a Mercado Pago en el centro de una polémica por los métodos utilizados para gestionar el cobro de deudas. Personas con préstamos o saldos pendientes aseguran que estudios jurídicos y empresas tercerizadas habrían contactado a familiares, amigos y conocidos para intentar ubicar a quienes mantienen obligaciones impagas.
Las denuncias comenzaron a difundirse en redes sociales, donde distintos usuarios cuestionaron que las comunicaciones no se limitarían al titular de la deuda, sino que alcanzarían a personas de su entorno que no tienen relación con el compromiso económico.
Según los testimonios publicados, algunos contactos habrían recibido llamados, mensajes de WhatsApp o comunicaciones en las que se hacía referencia a la existencia de una deuda. Los usuarios calificaron estas situaciones como una forma de presión y plantearon dudas sobre el uso de información personal.
Uno de los casos que tuvo mayor repercusión fue el de un usuario que aseguró que la plataforma habría llamado a contactos de su teléfono móvil pese a que esas personas no estaban vinculadas con la cuenta ni tenían responsabilidad sobre la deuda.
La discusión sobre los límites de las cobranzas
Especialistas en derecho del consumidor remarcan que las empresas tienen derecho a reclamar el pago de obligaciones pendientes, pero deben hacerlo respetando ciertos límites establecidos por la legislación argentina.
El artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor establece que los proveedores deben garantizar un trato digno y prohíbe prácticas que impliquen intimidación, hostigamiento o situaciones que puedan resultar vergonzantes para la persona involucrada.
Además, abogados señalan que la Ley de Protección de Datos Personales establece restricciones sobre el manejo de información privada y que una deuda corresponde al titular del crédito, por lo que terceros ajenos no deberían recibir datos vinculados a esa situación sin autorización.
En ese sentido, los especialistas advierten que una gestión de cobro no habilita cualquier mecanismo y que las comunicaciones deberían realizarse por canales adecuados, evitando exponer información personal.
El rol de las empresas tercerizadas
Uno de los puntos centrales del debate está puesto en las agencias y estudios jurídicos que trabajan para distintas plataformas financieras. Aunque las compañías pueden delegar la gestión de cobranzas, especialistas sostienen que esa tercerización no elimina la responsabilidad sobre las prácticas utilizadas.
La discusión gira ahora en torno a si los métodos denunciados por usuarios respetan las normas vigentes de privacidad y defensa del consumidor. Hasta el momento, los reclamos difundidos no derivaron en una resolución judicial que determine responsabilidades específicas, pero el caso volvió a abrir el debate sobre hasta dónde pueden llegar las empresas para recuperar una deuda.
Mientras tanto, usuarios continúan compartiendo experiencias y analizando presentaciones ante organismos de defensa del consumidor por supuestas prácticas de cobranza que consideran abusivas.
MA