La adjudicación del campamento Batidero para el megaproyecto cuprífero Vicuña en la provincia de San Juan desató una fuerte controversia en el sector industrial argentino. El consorcio liderado por las firmas asiáticas PowerChina y Beijing Chengdong, junto a la santafesina RAFA S.A., obtuvo el contrato para importar de manera directa desde China una ciudad modular destinada a los operarios mineros. La decisión generó un rechazo unánime en el empresariado nacional, que advierte sobre la preocupante relegación de proveedores locales en uno de los desarrollos más grandes de la historia del país.
La obra prevé la colocación de un complejo habitacional de módulos prefabricados de estructura de acero y completamente equipados para contener inicialmente 2.500 camas. Sin embargo, por la dinámica de los esquemas rotativos de la actividad, se espera que albergue de manera directa entre 3.500 y 5.000 personas, con capacidad de ampliarse a 6.000 plazas a medida que la demanda de trabajadores escale en el tiempo. Estas estructuras, fabricadas por Beijing Chengdong, fueron presentadas como casas contenedor móviles diseñadas para el ensamblaje en altura, provistas incluso con mobiliario y electrodomésticos incluidos.
El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, contempla una colosal inversión de 18.000 millones de dólares hasta el año 2040. Pese a la magnitud de estas cifras, la cotización de la obra del campamento fue fijada por el grupo asiático en 52 millones de dólares, desplazando a la propuesta de la firma argentina Modular Homes, que presupuestó 70 millones de dólares. Desde las cámaras empresarias remarcan que esta diferencia de 18 millones representa apenas el 0,01 por ciento del desarrollo global del emprendimiento y que el ahorro económico no justifica el impacto social en territorio nacional.
La raíz del conflicto radica en el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), marco al cual aplica el proyecto minero para viabilizar sus operaciones. Al otorgar arancel cero y exenciones impositivas totales a la importación de bienes de capital e infraestructura, el RIGI permite que traer un campamento entero desde China sea drásticamente más barato. Los industriales locales denuncian que esto genera una asimetría insalvable ya que el inversor extranjero ingresa estructuras llave en mano sin pagar tributos mientras las fábricas nacionales deben costear impuestos internos, cargas laborales y aranceles sobre los insumos de acero, lo que reduce artificialmente el costo de la opción externa en un 30 por ciento y destruye la competencia equitativa.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, advirtió sobre el perjuicio directo que esta resolución ocasiona a las pymes del país. "Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica", señaló el dirigente al respecto. Además de las ventajas aduaneras del régimen, los empresarios locales advierten que las firmas asiáticas corren con ventaja al operar con capitales estatales y fuertes subsidios desde su origen.
Según los análisis técnicos sectoriales, fabricar las estructuras en Argentina cuesta unos 1.300 dólares por metro cuadrado contra los 500 dólares del mercado chino, a los que se suman 200 de flete internacional. De allí que las facilidades del nuevo régimen terminen inclinando la balanza en contra de la producción interna. No obstante, las cámaras técnicas sostienen que los módulos chinos no igualan los estándares locales en aspectos críticos como la adaptación antisísmica y la resistencia a la extrema amplitud térmica de la cordillera.
La preocupación de fondo apunta al derrame económico y los puestos de trabajo. "La producción local de los módulos habría demandado más de 400 empleos directos, frente a los 50 que requiere la logística y montaje de los módulos importados", detalló Rudoni, evidenciando que gran parte del valor agregado queda fuera de las fronteras de Argentina. Además, se estima que una red de aproximadamente cincuenta empresas nacionales especializadas quedó marginada a un rol secundario.
Desde el sector industrial aseguran que el país cuenta con capacidad instalada de sobra para afrontar desafíos de esta escala, recordando que existen más de cien empresas especializadas que ya han levantado campamentos energéticos masivos y centros sanitarios en tiempo récord. El malestar es compartido por federaciones empresariales como CACMI, CAPRIMSA y CAPMIN, quienes solicitaron una mesa de diálogo urgente con las autoridades mineras para revisar los criterios de licitación en obras estratégicas y evitar que se priorice el precio inmediato por sobre el empleo y el entramado productivo interno.
EBW