La Ley de Etiquetado Frontal volvió al centro de la discusión política. El Gobierno nacional trabaja en una propuesta para dejar sin efecto la normativa aprobada en 2021, mientras legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron un nuevo proyecto para derogar el sistema de sellos negros que identifica excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías en alimentos y bebidas.
La iniciativa abre un debate que enfrenta a sectores del oficialismo, que consideran que la ley es excesiva y perjudica a la industria, con especialistas en nutrición que defienden la herramienta como una forma simple de informar a los consumidores.
Qué propone el Gobierno
La intención de la Casa Rosada es avanzar hacia un esquema de rotulado alineado con los criterios utilizados dentro del Mercosur. Para ello, primero buscaría dejar sin efecto la legislación vigente y luego implementar un nuevo modelo.
Actualmente, la Ley de Etiquetado Frontal obliga a incorporar octógonos negros de advertencia en productos que superan determinados niveles de nutrientes considerados críticos para la salud.
En paralelo, los diputados nacionales Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto conjunto para derogar la norma.
Según sostienen, el sistema vigente no brinda información clara y termina generando confusión entre los consumidores. También cuestionan que una gran cantidad de productos tengan advertencias, lo que, a su entender, reduce el impacto informativo de los sellos.
Los argumentos para eliminar la ley
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores aseguran que la norma no logró incentivar cambios profundos en la elaboración de alimentos y que genera dificultades comerciales dentro del Mercosur.
Además, afirman que la coexistencia de distintos sistemas de etiquetado en el continente obliga a modificar envases y procesos productivos según cada país, lo que incrementa costos para las empresas exportadoras.
Bongiovanni sostuvo que la ley representa un "exceso de paternalismo" y cuestionó que el sistema transmita la idea de que ciertos productos son perjudiciales por definición.
Desde el oficialismo consideran que existen posibilidades concretas de reunir los votos necesarios para avanzar con la derogación en el Congreso.
Respuesta de los nutricionistas
La propuesta encontró una fuerte resistencia entre profesionales de la nutrición y organizaciones vinculadas a la salud pública.
La presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición (FAGRAN), Ana Cáceres, aseguró que la evidencia científica respalda la utilidad del etiquetado frontal y remarcó que la norma fue debatida durante años antes de su aprobación.
Según explicó, la ley permite acceder a información sencilla y visible sobre la composición de los alimentos, facilitando decisiones de consumo más informadas.
Cáceres también señaló que la normativa impulsó cambios en distintos ámbitos, incluyendo iniciativas vinculadas a la alimentación en establecimientos educativos.
Para la dirigente, eliminar la ley implicaría regresar a sistemas de información nutricional más complejos, donde interpretar el contenido de un producto requiere mayores conocimientos técnicos.
Un debate que recién comienza
La discusión sobre la Ley de Etiquetado Frontal promete ocupar un lugar importante en la agenda parlamentaria durante los próximos meses. Mientras el Gobierno impulsa cambios para avanzar hacia un modelo compatible con el Mercosur, organizaciones vinculadas a la nutrición anticipan que buscarán defender la normativa vigente.
Por ahora, el proyecto abre una nueva disputa entre quienes priorizan la simplificación regulatoria y quienes sostienen que el etiquetado constituye una herramienta útil para el acceso a información alimentaria clara y visible.
O.P.