El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal (foto) se refirió al avance de la causa por la muerte del niño Ángel y aseguró que la Fiscalía mantendrá la imputación inicial contra los acusados.
Olazábal brindó detalles sobre el avance de la investigación por la muerte de Ángel, causa que se encuentra en etapa preparatoria y que será juzgada mediante juicio por jurados.
“La etapa preparatoria dura seis meses. Llevamos poco más de un mes. La actividad ahora está centrada en todo lo que tiene que ver con cuestiones científicas y médicas”, indicó.
El fiscal confirmó que se solicitaron ampliaciones periciales al Cuerpo Interdisciplinario Forense y que continúan tomando testimonios vinculados al caso.
“Se han solicitado ampliaciones de las pericias y se han recolectado testimonios. Entiendo que la investigación va por buen camino y en los seis meses que nos han dado estaremos en condiciones de presentar la acusación”, aseguró.
También confirmó que la causa será juzgada por un tribunal popular debido a la gravedad de la imputación. “Por el tipo de calificación jurídica y las penas en expectativa, la causa va a ser juzgada por un tribunal de jurados populares”, explicó.
Finalmente, Olazábal descartó que la fiscalía vaya a modificar la imputación inicial pese a la estrategia defensiva vinculada al cuadro respiratorio que presentaba el niño antes de morir.
“Entiendo que la imputación no va a variar desde el rol del Ministerio Público. Es lógico que la defensa proponga una tesis de menor sanción penal, como un homicidio culposo, pero la fiscalía no va a modificar el temperamento asumido desde el inicio de la investigación”, concluyó.
Además, indicó que el Ministerio Público Fiscal investiga de oficio las publicaciones intimidatorias difundidas en redes sociales donde aparecen personas exhibiendo armas de fuego, en medio de una creciente preocupación por la escalada de violencia armada en Comodoro Rivadavia.
“Cuando se anuncia la comisión de un delito o detrás de un anuncio de este tipo que implica violencia armada, el Ministerio Público Fiscal actúa oficiosamente. No necesitamos ninguna denuncia, basta con tomar conocimiento de la situación para llevar adelante una investigación”, explicó el fiscal.
Olazábal aclaró que la prevención corresponde a la Policía, aunque destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y la Justicia para intentar frenar los enfrentamientos armados que se repiten en distintos sectores de la ciudad.
“La prevención está en manos de la Policía, pero ellos, como auxiliares de la Justicia, actúan coordinadamente con nosotros con el fin de desarticular cualquier tipo de violencia armada”, sostuvo.
El fiscal indicó que una de las principales tareas es verificar la autenticidad de las publicaciones que circulan en redes sociales, debido al uso de herramientas de inteligencia artificial que pueden alterar imágenes o videos.
“Detrás de este tipo de publicaciones tenemos que analizar la autenticidad del documento. Sabemos que a través de la inteligencia artificial se pueden manipular imágenes. Todo aparenta tener visos de credibilidad, por eso se debe corroborar desde dónde se hicieron y cuál es efectivamente el contenido”, señaló.
Sin embargo, remarcó que el tenor de los mensajes resulta preocupante. “Claramente el contenido es intimidatorio, es la antesala de un posible delito”, afirmó.
Olazábal reconoció que los últimos homicidios ocurridos en Comodoro Rivadavia están vinculados, en gran parte, a disputas entre grupos enfrentados que buscan resolver conflictos por fuera de la ley.
“Este grupo de personas es muy reticente a la intervención policial y de la Justicia. Entonces esto implica duplicar los esfuerzos para buscar una solución rápida, detener a los responsables y asegurarnos la tranquilidad de la sociedad”, expresó.
En ese contexto, recordó el caso de Anahí Copa, quien murió en medio de un ataque armado dirigido hacia otra familia.
“Frente a cualquier tipo de enfrentamiento puede haber un inocente circulando por la calle y termina siendo víctima colateral de este tipo de agresiones”, advirtió.
El fiscal también se refirió a las dificultades para prevenir algunos delitos violentos cuando ocurren en ámbitos privados.
“Hay hechos que ocurren en la intimidad de un domicilio donde el Estado actúa una vez que se cometió el hecho. No hay posibilidades materiales de evitarlo”, explicó.
Otro de los puntos abordados por Olazábal fue el origen de las armas utilizadas en hechos delictivos. Según indicó, las investigaciones realizadas permiten sostener que muchas provienen de usuarios legales que luego las facilitan a terceros.
“La hipótesis más probable es que haya legítimos usuarios que las dan en alquiler o préstamo y luego vuelven al ámbito de custodia”, manifestó.
El fiscal señaló que, pese a los allanamientos y secuestros realizados en los últimos meses, las armas continúan reapareciendo en distintos hechos violentos.
“Hemos secuestrado una importante cantidad, pero así y todo estas armas vuelven a entrar en circulación. Obviamente deben venir por una vía legal y luego comienza un camino delictivo en la utilización por parte de personas no autorizadas”, sostuvo.
Asimismo, destacó el trabajo conjunto que realizan la Brigada de Investigaciones, las comisarías y la Unidad Regional.
“Este esfuerzo para desarticular bandas armadas es un trabajo conjunto de la Brigada de Investigaciones, las comisarías y la Unidad Regional, que tiene un rol muy activo en la prevención”, remarcó.