El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a trece represores por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención que funcionaron entre 1976 y 1978 en la capital bonaerense. El juicio abordó secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en dependencias policiales y militares vinculadas al denominado circuito Camps.
Uno de los aspectos más importantes del proceso fue que, por primera vez, se analizó en profundidad el rol que tuvo el Regimiento de Infantería 7 en la estructura represiva desplegada durante los primeros meses de la dictadura. Ese regimiento estaba bajo el mando de Roque Presti, padre del actual ministro de Defensa, Carlos Presti.
La sentencia fue dada a conocer por los jueces Karina Yabor, Andrés Basso y Ricardo Basílico en una audiencia que contó con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones sociales y políticas.
Centros clandestinos investigados
El juicio se concentró en delitos cometidos en tres espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura en La Plata.
Entre ellos estuvieron la sede central del Cuerpo de Infantería y el predio del Regimiento de Caballería de la Policía Bonaerense, ubicados sobre las calles 1 entre 59 y 60 y 60 entre 1 y 115. También se investigaron hechos ocurridos en la Comisaría 8ª de Villa Elvira y en la Comisaría Segunda.
Según se expuso durante el proceso judicial, se analizaron crímenes cometidos contra 294 víctimas.
El tribunal reconoció además la existencia de desapariciones forzadas de personas, un punto reclamado por las querellas durante el debate oral.
Quiénes fueron condenados
Entre los condenados a prisión perpetua se encuentran Alberto Jorge Crinigan, exoficial de inteligencia del Regimiento de Infantería 7; Ismael Ramón Verón, oficial de operaciones; Enrique Francisco Welsh, oficial de personal; y Enrique Armando Cicciari, vinculado al área de logística.
También recibieron condenas integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 y miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización parapolicial que actuó durante los años previos y posteriores al golpe de Estado de 1976.
Durante la audiencia, las querellas denunciaron comportamientos inapropiados por parte de algunos imputados, quienes participaron de manera virtual luego de que se resolviera que no estuvieran presentes físicamente en la sala.
Delitos sexuales y prisión domiciliaria
Desde organismos y espacios de Derechos Humanos remarcaron especialmente que gran parte de los condenados también recibieron penas por delitos sexuales cometidos durante el cautiverio de las víctimas.
Las querellas señalaron que este reconocimiento judicial representa años de lucha para visibilizar abusos y violencias ejercidas en los centros clandestinos.
Otro de los puntos cuestionados fue la situación de los condenados, ya que once de los trece represores continúan con el beneficio de prisión domiciliaria. Solo Carlos Ernesto “Indio” Castillo y Jorge Héctor Di Pasquale cumplen detención en cárcel común.
O.P.