Uruguay puso en marcha este martes la ley de eutanasia tras la presentación oficial del protocolo que regula su aplicación en todo el país. La normativa, reglamentada días atrás por el Poder Ejecutivo, define las condiciones y pasos que deberán cumplirse para acceder a la muerte médicamente asistida.
La ley establece que podrán solicitar el procedimiento personas mayores de edad, con plena capacidad psíquica, que atraviesen una enfermedad incurable e irreversible o padezcan sufrimientos considerados intolerables, con un deterioro significativo en su calidad de vida.
El protocolo fija con precisión cada etapa del proceso: desde la solicitud formal del paciente, la intervención de médicos tratantes y consultores, la expresión escrita de la voluntad y su posterior ratificación, hasta la ejecución del procedimiento. También contempla la posibilidad de que intervenga una junta médica en casos específicos.
Además, se garantiza el derecho del paciente a decidir en todo momento, incluyendo la opción de desistir, elegir el lugar donde se llevará a cabo —ya sea en un centro de salud o en el domicilio— y definir si desea estar acompañado durante el proceso.
La reglamentación también precisa los criterios clínicos para determinar quiénes pueden acceder, así como el uso de medicamentos específicos que aseguren un procedimiento sin dolor y controlado. Asimismo, establece que la causa de muerte será registrada considerando la enfermedad de base y la eutanasia como instancia final.
Otro punto clave es la obligación de los prestadores de salud de garantizar el acceso al procedimiento, incluso en casos donde existan objeciones de conciencia por parte de profesionales, debiendo asegurar alternativas para su realización.
Para supervisar la correcta aplicación de la ley, se creó una comisión encargada de revisar los casos y garantizar el cumplimiento de la normativa. En situaciones de posibles irregularidades, se prevé la intervención de la Justicia.
Con esta implementación, Uruguay consolida un marco legal que regula la muerte asistida, con el objetivo de asegurar derechos, controles y condiciones claras para quienes opten por este procedimiento.
R.G.