El Gobierno nacional promulgó este viernes 24 de abril la reforma de la Ley de Glaciares mediante el Decreto 271/2026, que puso en vigencia la Ley Nº 27.804, aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril. La norma modifica el régimen de protección ambiental vigente desde 2010 para los glaciares y el ambiente periglaciar en Argentina.
El texto mantiene como objetivo la preservación de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo, pero introduce cambios en la definición de las áreas alcanzadas por la protección.
A partir de la nueva legislación, quedarán bajo resguardo estricto los glaciares y las geoformas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobada. En ese marco, se habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas en otras zonas que anteriormente estaban alcanzadas por restricciones generales.
Uno de los cambios centrales es la mayor participación de las provincias en la gestión. Aunque el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) continuará a cargo del inventario nacional de glaciares, las autoridades provinciales tendrán la facultad de evaluar qué áreas deben ser protegidas y cuáles podrán destinarse a actividades económicas, en base a estudios técnicos.
La norma también reemplaza el esquema de prohibiciones generales por un sistema de evaluación de impacto ambiental caso por caso, que deberá contar con aprobación de las autoridades competentes de cada jurisdicción. Además, incorpora el principio precautorio, por el cual todas las geoformas incluidas en el inventario serán consideradas protegidas hasta que se demuestre científicamente que no cumplen funciones hídricas.
La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Luego, en el Senado obtuvo 40 votos positivos, 31 negativos y 1 abstención.
Tras la promulgación, distintos sectores científicos e instituciones académicas expresaron cuestionamientos sobre los cambios introducidos, especialmente en relación con la reducción de áreas protegidas y la descentralización de decisiones sobre territorios sensibles. Entre ellos se pronunciaron el Ianigla, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Agronomía de la UBA y otras redes de investigación.
R.G.