El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que pone en marcha la ley de eutanasia, conocida como “muerte digna”. La normativa, aprobada por el Senado en octubre de 2025, ya se encuentra vigente y habilita la intervención médica para inducir el fallecimiento en determinados casos.
Con esta decisión, Uruguay se convierte en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia activa y el undécimo a nivel global.
Un paso tras años de debate
La reglamentación marca el cierre de un proceso que incluyó discusión parlamentaria y debate público. “Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, expresó Orsi al anunciar la medida.
En ese marco, el mandatario señaló que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas” y remarcó que la norma se complementa con la ley de cuidados paliativos.
Según indicó, la decisión se inscribe en un proceso que incluyó “una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas”.
Quiénes pueden acceder a la eutanasia
La ley establece criterios específicos para solicitar la eutanasia en Uruguay. Podrán hacerlo personas mayores de edad que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales y que atraviesen una enfermedad terminal, incurable e irreversible.
También se contempla a pacientes que, sin estar en etapa terminal, sufran padecimientos considerados insoportables a causa de un deterioro grave y progresivo en su calidad de vida.
El procedimiento deberá ser evaluado por equipos multidisciplinarios del sistema de salud, que analizarán informes médicos y psicológicos antes de autorizar la práctica. Además, la normativa garantiza que el solicitante pueda revocar su decisión en cualquier momento.
Cómo se aplicará la normativa
La implementación estará a cargo de prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, que deberán conformar equipos especializados para abordar cada caso.
El objetivo del marco regulatorio es establecer controles y condiciones que ordenen el procedimiento, en un tema que involucra aspectos médicos, éticos y legales.
La ley se presenta como complementaria a las políticas de cuidados paliativos, que buscan acompañar a pacientes en situaciones críticas desde otra perspectiva del tratamiento.
El contexto en América Latina
Uruguay se suma a un grupo reducido de países del continente que avanzaron en la legalización de la eutanasia.
En Colombia, la práctica es legal desde 1997 por decisión de la Corte Constitucional y fue reglamentada en 2015. Con el paso del tiempo, el alcance se amplió a pacientes no terminales y también se despenalizó el suicidio asistido.
Por su parte, Ecuador incorporó la eutanasia en 2024, a partir de un fallo judicial que impulsó la regulación del procedimiento tras el caso de una paciente con una enfermedad degenerativa.
En ese contexto, Uruguay se posiciona como el tercer país latinoamericano en habilitar este tipo de práctica bajo regulación estatal.
O.P.