A pocas horas de que el presidente Javier Milei promulgara, a través del decreto 137/2026, la Ley de Modernización Laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó su rechazo en los tribunales. La central obrera presentó una medida de amparo con el objetivo de suspender la vigencia de la reforma, a la cual calificaron como un retroceso sobre los derechos adquiridos de los trabajadores.
El planteo judicial
La presentación recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, bajo la titularidad del juez Fernando Lavie Pico. En el escrito, la CGT hace efectiva la advertencia lanzada el pasado lunes durante la movilización al Palacio de Tribunales, donde calificaron la norma como "inconstitucional".
Entre los argumentos centrales, el amparo señala que la ley colisiona directamente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga y la libre agremiación. Asimismo, sostienen que vulnera el principio de Progresividad y No Regresión, además de avanzar contra estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica.
Puntos críticos de la reforma
La central obrera puntualizó que la nueva legislación introduce cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) y en el sistema de convenios colectivos. Los artículos más cuestionados por el gremialismo incluyen:
Servicios Esenciales: La ampliación de actividades consideradas "esenciales" para limitar el alcance de las medidas de fuerza.
Asambleas y Protestas: Las restricciones para realizar asambleas en horarios laborales (Art. 133) y la tipificación de los bloqueos como "infracciones muy graves" (Art. 134).
Fuero Laboral: La advertencia sobre el posible traspaso de casos a la Justicia porteña, lo que, según la CGT, atenta contra la existencia del fuero laboral federal.
Prácticas Desleales: La habilitación de acciones judiciales contra sindicatos por la convocatoria a asambleas bajo figuras de "prácticas desleales".
Contexto de la Ley
La norma, sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero, busca transformar el régimen de despidos, crear nuevos fondos de contingencia y modificar la negociación colectiva. Desde el Gobierno defienden la "Modernización Laboral" como una herramienta para incentivar la creación de empleo, mientras que la CGT sostiene que significa una "afectación grave de derechos colectivos e individuales".
Ahora, la Justicia Federal deberá resolver si hace lugar a la medida cautelar que podría paralizar la aplicación de la reforma en todo el territorio nacional.