En el marco de las audiencias públicas por el Expte. 0072–S-2025, la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un intenso debate sobre el futuro de las reservas hídricas del país. Allí se analizó el proyecto de ley que busca modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Uno de los planteos más contundentes fue el del procurador general de Santa Fe y presidente de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA), Jorge Alberto Barraguirre, quien alertó que la iniciativa “no solo contradice el mandato constitucional”, sino que también desarma el esquema de protección ambiental vigente.
Durante su exposición ante legisladores, Barraguirre sostuvo:
“Venimos en representación de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales. Creemos que los artículos 3, 4, 6 y 8 del proyecto con media sanción del Senado lucen en franca tensión con el funcionamiento del sistema instituido por el artículo 41 tercer párrafo de la Constitución Nacional”.
En ese sentido, cuestionó que la reforma subordine criterios científicos a decisiones políticas locales. “El proyecto coronaría una concepción de la técnica y de las ciencias indisolublemente ligadas a la territorialidad política y no a una vocación de indemnidad al ciudadano y al entorno”, afirmó.
Según explicó, esto implicaría que cada jurisdicción adopte criterios propios, sin una base común: “Cada jurisdicción está así autorizada a adoptar un enfoque disciplinar que no es común, que no es homogéneo y que no es uniforme”.
El procurador advirtió además sobre las consecuencias de este esquema: “Este modelo desmonta, en consecuencia, y es incongruente con el bloque de constitucionalidad ambiental vigente en la República Argentina”.
Tensión institucional y “dumping ambiental”
Uno de los puntos más críticos señalados por Barraguirre fue el riesgo de habilitar prácticas de “dumping ambiental”. En ese sentido, explicó que la falta de estándares uniformes podría generar competencia entre provincias para atraer inversiones a costa de reducir exigencias ambientales.
“Este tipo de regulación permitiría una práctica de dumping ambiental que posibilitaría una búsqueda entre las distintas jurisdicciones de generar mayores incentivos a la radicación de inversores, basadas en la disminución comparativa de las exigencias de calidad ambiental”, advirtió.
Los ejes de la regresión ambiental
Desde la RAFA sostienen que la reforma implica un retroceso en derechos adquiridos y señalaron tres aspectos centrales:
La vulneración de los presupuestos mínimos al perderse la uniformidad nacional.
El debilitamiento del inventario de glaciares y geoformas periglaciares como reservas estratégicas.
La flexibilización de actividades actualmente prohibidas en zonas protegidas.
Una propuesta alternativa
Hacia el cierre de su intervención, Barraguirre recordó que la Red presentó un documento técnico, aprobado por más del 70% de sus integrantes, que ya fue remitido a la Cámara de Diputados.
Allí proponen avanzar hacia un esquema similar al de la Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales, tomando como referencia los lineamientos de su artículo 57.
“Ojalá podamos hacer la mejor ley para nosotros y para las generaciones futuras”, concluyó el titular de la RAFA, al instar a los legisladores a priorizar la sostenibilidad a largo plazo.
R.G.