La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares desató una movilización social poco habitual en el ámbito legislativo. Más de 27 mil personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para debatir las modificaciones a la normativa que regula la protección de glaciares y zonas periglaciares.
Las audiencias están previstas para los días 25 y 26 de marzo, con una jornada presencial y otra virtual, en el marco del tratamiento del proyecto que busca modificar el régimen de protección ambiental vigente.
El número de inscriptos supera ampliamente los registros habituales de participación en este tipo de instancias legislativas y plantea desafíos logísticos para el Congreso, que deberá organizar las exposiciones de miles de participantes interesados en intervenir en el debate.
Una ley para la protección del agua
La legislación actualmente vigente fue sancionada en 2010 y establece presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
El proyecto que se discute en el Congreso propone modificar algunas de las restricciones existentes para determinadas actividades productivas, lo que generó una fuerte reacción de organizaciones ambientales, sectores académicos y ciudadanía interesada en el tema.
Diversos espacios advierten que eventuales cambios en la normativa podrían afectar más de 17 mil glaciares identificados en el país, que actualmente cuentan con distintos niveles de protección.
Debate por la actividad minera
En el centro de la discusión aparece también el rol de la actividad minera en zonas cercanas a glaciares o ambientes periglaciares.
Distintas organizaciones ambientales señalan que detrás del impulso a la reforma existe presión de empresas del sector minero, entre ellas Barrick Gold, Glencore, Rio Tinto, Lundin Mining, Solway y BHP.
El proyecto obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero, luego de un tratamiento rápido en comisiones, lo que también generó cuestionamientos por parte de sectores que reclaman un debate más amplio.
Reclamo para ampliar las audiencias
Ante la cantidad de personas inscriptas, distintos sectores políticos, sociales y ambientales comenzaron a reclamar que se amplíe el número de jornadas destinadas a las audiencias públicas, con el objetivo de garantizar que todas las exposiciones puedan ser escuchadas.
La realización de estas audiencias se apoya en el marco del Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana en decisiones vinculadas al ambiente.
Cómo inscribirse para participar
El plazo de inscripción para participar de las audiencias públicas continuará abierto hasta el viernes 20 de marzo.
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Inscripción presencial: hasta las 16 horas
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Inscripción virtual: hasta las 20 horas
Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente formulario oficial del Congreso: click acá.
O.P.