En un giro drástico para la geopolítica regional y el derecho internacional, la Justicia argentina emitió este miércoles 4 de febrero de 2026 un exhorto internacional dirigido a las autoridades de los Estados Unidos. El objetivo es claro: obtener la extradición de Nicolás Maduro Moros para que sea sometido a declaración indagatoria en territorio argentino, bajo la acusación de haber liderado un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La resolución, firmada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Sebastián Ramos, se basa en informaciones recientes que indican que el dirigente venezolano habría sido detenido y trasladado a los Estados Unidos.
El Tratado de 1997
Para fundamentar el pedido, el magistrado apeló al Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y los Estados Unidos el 10 de junio de 1997. Este instrumento bilateral es la pieza jurídica que obliga a ambos Estados a colaborar en la entrega de personas reclamadas para procesos penales.
Con el fin de evitar demoras en un caso de sensibilidad extrema, Ramos ordenó la “urgente traducción” de todo el expediente y la intervención inmediata de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores para canalizar el pedido por la vía diplomática oficial.
Argentina como referente de la Justicia Universal
La causa local (CFP 2001/2023) cobró un impulso irreversible cuando la Cámara Federal porteña decidió aplicar el principio de jurisdicción universal. Esta doctrina sostiene que ciertos delitos —como la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos sistemáticos— afectan a la humanidad en su conjunto y, por lo tanto, pueden ser juzgados por cualquier Estado, especialmente cuando el sistema judicial del país de origen no ofrece garantías de imparcialidad.
El expediente se nutre de pruebas contundentes y testimonios recogidos por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER), que incluyen relatos de víctimas directas que sufrieron el accionar de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM.
Alertas rojas y el rol de Interpol
Además del pedido de extradición, el juez Ramos ratificó la plena vigencia de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre Maduro y otros jerarcas del régimen, como Diosdado Cabello. Esta medida garantiza que la orden de captura siga activa en los sistemas de seguridad globales, reforzando la presión sobre el círculo de mando chavista.
La decisión de Comodoro Py pone ahora la pelota en el campo de Washington. Las autoridades estadounidenses deberán evaluar la viabilidad del pedido bajo el tratado vigente, en lo que promete ser un proceso judicial y diplomático sin precedentes en la historia contemporánea de América Latina.