El gobierno de Río Negro enfrenta un panorama complejo tras el rechazo rotundo de los sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario a la última propuesta de recomposición salarial. El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro (CBPPRN) formalizó el reclamo mediante la entrega de un petitorio en General Roca y anunció el inicio de un acampe por tiempo indeterminado para este miércoles frente a la sede gubernamental en Viedma.
Los representantes de los uniformados manifiestan un profundo agotamiento ante lo que describen como la precarización de sus haberes y un estancamiento en las negociaciones con la gestión del gobernador Alberto Weretilneck. Según señalaron los referentes del sector, la situación socioeconómica de los agentes es crítica, con familias que enfrentan riesgos de desalojo por deudas en alquileres y dificultades para cubrir las necesidades alimentarias básicas.
Las exigencias de las fuerzas de seguridad
El eje central del reclamo es establecer un haber inicial mínimo de 1.800.000 pesos, una cifra que los trabajadores consideran indispensable para garantizar la subsistencia de sus familias. Además de la mejora salarial, el sector exige la eliminación de los ítems abonados "en negro", argumentando que estos conceptos desfinancian la obra social y perjudican directamente a los retirados de la fuerza.
En un intento por fortalecer su postura, el Consejo ha iniciado contactos con la Asociación Sindical de Salud Pública provincial (ASSPUR) para coordinar acciones conjuntas. Esta alianza estratégica busca unificar los reclamos estatales y ampliar el alcance de las protestas ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades provinciales.
El detonante: una oferta oficial en cuotas
La tensión escaló luego de que el Ministerio de Seguridad anunciara un esquema de aumentos para el mes de febrero que quedó lejos de las expectativas de los agentes. La propuesta oficial consistió en una mejora total del 6,79%, integrada por un ajuste del 5,2% por inflación y un 1,5% específico para el sector. Con esta actualización, el sueldo inicial de un agente de seguridad se fijó en 1.417.366 pesos, quedando casi 400.000 pesos por debajo de lo solicitado.
Lo que terminó por encender el malestar fue la modalidad de pago. El Gobierno dispuso que el adicional exclusivo para la Policía se abone en cuatro cuotas mensuales hasta mayo, mientras que un bono de 250.000 pesos se dividió en dos pagos segmentados. El único concepto que se liquidó de manera íntegra fue la ayuda escolar, pero esto no fue suficiente para contener el reclamo de las fuerzas, que ahora endurecen su postura y marchan hacia la capital provincial en busca de una solución inmediata.