A pocos días de que se venza el plazo establecido por la Justicia para que los condenados en la causa Vialidad devuelvan 530 millones de dólares al Estado, la orden sigue sin cumplirse. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el exfuncionario José López, entre otros, aún no depositaron los montos exigidos en la cuenta especial del Banco Nación.
La sentencia, que los encontró culpables de administración fraudulenta, incluye la devolución de esa suma como parte de las medidas de reparación por el perjuicio económico ocasionado al erario público.
Frente al incumplimiento, la Justicia se prepara para una etapa clave: la subasta pública de bienes decomisados. Entre ellos se destacan departamentos en el complejo Madero Center y más de 20 propiedades en la Patagonia vinculadas a Cristina Kirchner. No obstante, el proceso enfrenta obstáculos legales, ya que muchas de esas propiedades están embargadas en otras causas, como Hotesur y Los Sauces, y fueron transferidas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Pese a esta complejidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostienen que la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar las subastas, que podrían concretarse en las próximas semanas si no se realiza el pago voluntario.
En un giro inesperado, la Corte Suprema de Justicia emitió recientemente una acordada que abre nuevas posibilidades para los bienes incautados. En lugar de subastarlos, podrían ser asignados a uso institucional del Poder Judicial o del Consejo de la Magistratura, para funciones como oficinas, depósitos o archivos.
Además, la Corte propuso que algunas propiedades podrían ser cedidas en comodato a provincias, municipios o entidades sociales, para ser utilizadas en programas de educación, salud, asistencia a víctimas o reinserción social.
Con el 13 de agosto como fecha límite, el destino de estos activos multimillonarios sigue siendo incierto y mantiene en vilo tanto a la esfera judicial como al escenario político.
R.G.